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Refugiados Centroamericanos en México, Otro Drama Invisibilizado

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Médicos Sin Fronteras (MSF) ha podido constatar, a través de su proyecto que atiende a la población transmigrante en México, que los altos niveles de violencia criminal y armada que se viven en distintos países del Triángulo del Norte de Centroamérica empujan cada año a decenas de miles de personas a salir de su país de origen para encontrar un lugar menos inseguro, en el que su vida y su libertad no sean amenazadas.

Múltiples testimonios recogidos por personal de MSF entre población transmigrante en el territorio mexicano ponen en evidencia esta grave situación:

"Tuve que salir porque me querían meter a la MS18 [Mara Salvatrucha 18] y yo no quiero, ¿sabes? Tuve que esconderme y después huir. Yo solo quiero estar bien, mi familia me ayudó a salir, pero ahora no sé si alguien me ayudará a cruzar la frontera [de los Estados Unidos]". Adolescente de 17 años, procedente de Honduras.

"Salí de mi país porque asesinaron a mi hermano y creen que voy a avisarle a la policía quién fue. Entonces fueron a amenazar a mi mamá, por eso mejor vinimos a México. Mi mamá dice que aquí vamos a pedir ayuda". Adolescente de 15 años, El Salvador.

Se trata sobre todo de familias hondureñas y salvadoreñas que huyen de un virtual “secuestro” de territorios urbanos y de las extorsiones sistemáticas que ejercen grupos criminales; hombres jóvenes, adolescentes y hasta niños que se ven obligados a abandonar su país por la amenaza de ser reclutados como informantes o sicarios por miembros de pandillas y maras; adolescentes y niñas hondureñas que evitan ser un “botín de guerra” o víctimas de violencia sexual, explotación o feminicidio en un contexto de violencia generalizada, tal y como queda reflejado en las cifras de homicidios a nivel urbano que sitúan a San Pedro Sula, Honduras, como la ciudad más peligrosa del mundo desde 2011.

El 31% de los pacientes transmigrantes atendidos por MSF expuso uno o varios factores relacionados con la violencia como causa para salir de su país. Entre dichos factores destacaron las agresiones directas, las extorsiones, los intentos de reclutamiento por parte de maras y bandas criminales y la situación de violencia generalizada.

Los equipos de Médicos Sin Fronteras atestiguan cotidianamente la crisis humanitaria que empuja a un gran número de migrantes a escapar a través de México con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Aunque los medios de comunicación y los gobiernos insistan en hablar de un “problema migratorio”, lo que en realidad tenemos enfrente es una situación de “migración forzada” por las condiciones de violencia, que debería abordarse desde la óptica del derecho al asilo y a la condición de refugiado en los países de tránsito y destino (México y Estados Unidos).

Los “motivos para salir de su país” que salen a la luz en las entrevistas y consultas psicológicas realizadas por los equipos de MSF, están emparentados con los factores de expulsión que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) considera dentro de la lista de motivos atendibles para solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado; y que de hecho, ya han sido inscritos propiamente en el marco jurídico mexicano.

La Ley de Refugiados y Protección Complementaria publicada el 27 de enero de 2011 contiene, entre otras bondades, el reconocimiento de supuestos asociados a lo que MSF y otras agencias humanitarias denominan como “Otras situaciones de violencia”, incluyendo los expuestos en el Art. 13, Fracción II: la “violencia generalizada”, la “violación masiva de los derechos humanos” y “otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.

Por ello sorprende que bajo la Ley sobre Refugiados, el Estado mexicano haya reconocido la condición de refugiados a tan pocos migrantes forzados provenientes de Centroamérica. De acuerdo con declaraciones del ACNUR, a pesar de que el 70% de los solicitantes de refugio o asilo provenían de Centroamérica, sólo el 26% fue reconocido como refugiado. De un total de 1,296 solicitudes de reconocimiento de refugiado recibidas en México en 2013 sólo se aprobaron 266, por lo que de las 883 solicitudes de solicitudes de personas de Honduras, El Salvador y Guatemala, se habría reconocido a menos de 150 refugiados. Esta cifra contrasta con un flujo anual de migrantes forzados estimado en por lo menos 35 mil personas.

En Estados Unidos las cifras no son mucho más alentadoras, ya que durante el año fiscal 2013, fueron aceptados 69,930 refugiados de todo el mundo, de los cuales sólo el 6% (cerca de 4 mil) provenían de toda América Latina, muchos de ellos de Cuba, país con mayor prioridad.

Además, es preocupante que con la implementación del Programa Frontera Sur, se hayan disparado las cifras de deportaciones o “repatriaciones” de ciudadanos centroamericanos, en especial de los países del Triángulo del Norte. Esa circunstancia plantea dudas fundadas sobre el cumplimiento de la obligación del Estado mexicano en materia de “no devolución” (artículo 5 de la Ley o principio de non refoulement) ante el temor fundado de persecución, maltrato o tortura en su país de origen, como lo estipula la citada ley mexicana.

En conclusión, en ocasión del Día Mundial de Refugiado de 2015 (20 de junio), MSF invita a los actores estatales, humanitarios, civiles y a los organismos internacionales que operan en la región:

1. A reconocer la existencia de un flujo significativo de “migrantes forzados” que huyen de la violencia en el Triángulo del Norte de Centroamérica y cuya posible condición de refugiado debe ser analizada cuidadosamente a raíz de los tratados internacionales en materia de protección, suscritos por México y Estados Unidos.
Al Estado mexicano:

2. A emitir las disposiciones y facilitar los medios necesarios para que los agentes responsables de aplicar la Ley sobre Refugiados y la Ley de Migración puedan hacer frente a la tramitación de las solicitudes de refugio y protección complementaria provenientes de solicitantes de países del Triángulo del Norte de Centroamérica, de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria.

3. Evaluar la compatibilidad de los componentes del Programa Frontera Sur y otros programas de seguridad nacional aplicados en los estados fronterizos con estados centroamericanos, que favorecen las deportaciones “en caliente”, sin que conste que los oficiales de Migración den la oportunidad a ciudadanos centroamericanos de solicitar la condición de refugiado.

4. Finalmente, a establecer y aplicar protocolos adecuados para que de manera sistemática y proactiva, los agentes encargados de aplicar la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, indaguen en cualquier contacto o entrevista con ciudadanos originarios de Centroamérica, cualquier condición que refiera afectación por violencia y/o temor fundado de afectación por la repatriación.

Al ACNUR en México y al Sistema de Naciones Unidas:

5. A proveer al Estado mexicano y a la sociedad civil mexicana la cooperación necesaria para aumenta las tasas de obtención de la condición de refugiado de las personas provenientes de Centroamérica, de forma acorde con el nivel de riesgos al cual estuvieron expuestos en el momento de huir de sus países y al nivel de riesgos que tendrían que enfrentar en caso de ser retornados.


Artículo publicado originalmente el 20 de junio de 2015 en el blog de Médicos sin Fronteras.
Fuente: http://www.msf.mx/article/refugiados-centroamericanos-en-mexico-otro-drama-invisibilizado


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